Los cadáveres fueron localizados por los cuerpos de seguridad minutos antes de las 7:00 horas (12:00 GMT) sobre la avenida Manuel J.
Dos de las víctimas podrían ser policías
El reporte de la policía, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, precisó que dos de los asesinados llevaban uniformes negros por lo que se presume que podrían ser agentes de la policía, mientras que el tercero estaba semidesnudo.
Ninguno de ellos ha sido todavía identificado por las autoridades del estado, que investigan el caso. En la presente semana se registraron en la zona metropolitana más de una docena de secuestros con características atribuibles al crimen organizado.
Anoche fueron secuestradas siete personas en el municipio de Cadereyta, localizado unos 30 kilómetros al este de Monterrey, la capital del estado, según fuentes de la policía municipal.
Uno de ellos ha sido identificado como David Vega Zamarripa, un hermano del líder petrolero Hilario Vega, agregaron las mismas fuentes.
En otro incidente fueron encontrados el jueves en Guerrero, sur del país, los cadáveres de dos personas que trabajaban para la familia del director de la Policía Investigadora Ministerial del estado, Erit Montúfar Mendoza.
Las víctimas son Fernando Arreola León, de 34 años, y Francisco Brito Ponce, de 32, quienes habían sido secuestrados por un grupo armado de unas quince personas provistas con fusiles AK-47 y AR-15 el miércoles pasado en la comunidad de Monte Grande, en el municipio de Coyuca de Catalán.
Abren investigación de los hechos
En el lugar también fueron encontradas dos camionetas y una cuatrimoto calcinadas, que pertenecían al rancho de la familia Montufar Mendoza donde trabajaban los dos asesinados.
Las autoridades del estado han abierto una investigación pero extraoficialmente no se descarta que este atentado sea una intimidación del crimen organizado en contra del jefe policial.
Datos extraoficiales citados por el diario 'El Universal' señalan que en lo que va de año han sido asesinadas en México 1.062 personas en distintas acciones, en su mayoría vinculadas al crimen organizado. Ni la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía general) ni las de muchos de los estados afectados por la violencia hacen públicos datos oficiales de estas muertes.
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