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Aprueba la ley
Coahuila, segundo estado del país que permite unión homosexual
Pareja homosexual firma su unión. (AP)
16/1/2007 | EFEImprimirEnviar
El Congreso del estado de Coahuila aprobó el Pacto Civil de Solidaridad, que permite la unión entre personas del mismo sexo. Se trata del segundo estado del país en hacerlo.

El dictamen, que fue respaldado por 20 votos a favor y trece en contra, convierte a Coahuila en el segundo estado en aprobar una ley similar después de que lo hiciera el Congreso del Distrito Federal en noviembre pasado.

El diputado local Francisco Saracho, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que no se trata de un matrimonio legal sino de "un pacto civil", un "negocio jurídico" entre personas del mismo o diferente sexo.

Por esta ley, las partes adquieren obligaciones de sustento alimentario, pueden heredar patrimonio y, la que tenga menos recursos, exigir indemnización en caso de separación, explicó el legislador, cuyo partido impulsó el dictamen.

Fin de conductas discriminatorias
Se trata, dijo, de "un mecanismo que promueve la desaparición de conductas discriminatorias", aunque aclaró que el pacto no permite la adopción.

A esta ley se opuso el conservador Partido Acción Nacional (PAN), del presidente Felipe Calderón, que consideró que se trata de legalizar un "matrimonio disfrazado entre homosexuales".

El pasado 9 de noviembre, el Congreso local del Distrito Federal aprobó la Ley de Sociedades de Convivencia con la que, entre otras cosas, se permite a las parejas del mismo sexo compartir obligaciones y patrimonio.

Luz verde del PRD
El líder del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal, Martí Batres, calificó entonces de positiva la aprobación de la ley porque "será un punto de referencia para un debate nacional".

Batres aseguró que esta resolución no afecta "a nadie, sino por el contrario, esto beneficia a mucha gente oprimida; el movimiento gay que ha sido objeto de discriminación y odio, ahora contará con esta ley".

No obstante, el grupo parlamentario del conservador PAN intentó frenar sin éxito esta ley al considerar que contiene irregularidades jurídicas, y de otras normas locales.



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