"La CCIODH no ha detectado en el Ejecutivo federal un verdadero interés en situar el pleno respeto de los Derechos Humanos como prioridad de su acción de gobierno", lamenta el informe al que acompaña un DVD que documenta su visita.
En términos generales, el informe denuncia "la impunidad general" ante las graves violaciones de Derechos Humanos en las tres zonas visitadas, la falta de "acceso a una Justicia independiente", "la miseria estructural de las comunidades indígenas" y la falta de "voluntad política" para encontrar una solución que garantice el respeto por los Derechos Humanos, resumió en la Eurocámara Bernard Ruguet, del CCIODH.
"No ha cambiado nada, la situación ha empeorado más bien", incluso a pesar de que el nuevo Gobierno presente una "imagen democrática de México". "Detrás hay un régimen que se podría calificar de dictatorial", un régimen "militar, disfrazado de civil", a juicio de Ruguet, quien apeló a "la responsabilidad de los organismos internacionales, especialmente de la ONU y de la Unión Europea" para que hagan cumplir las cláusulas democráticas de acuerdos comerciales con el país latinoamericano.
Concretamente en el Estado de Chiapas, Hélène Roux, también del CCIODH, lamentó que el conflicto por el control de tierras ricas en recursos naturales "se ha agravado muchísimo", sobre todo después de que el año pasado el Gobierno federal expropiara 14.000 hectáreas de las comunidades indígenas que allí vivían para crear una reserva natural protegida sin haber creado, al mismo tiempo, "ningún mecanismo" para reubicar a las familias cuyos tierras fueron expropiadas.
Además, lamentó que ello sirva "de pretexto para actuaciones violentas de grupos paramilitares" con el objetivo de "provocar peleas" y enfrentar a los grupos indígenas entre sí.
"La Unión Europea debe plantearse evaluar su papel en una zona altamente conflictiva" como es Chiapas, donde recordó la UE está financiando desde hace varios años un proyecto de reordenación territorial en la zona.
Represión contra los periodistas
Asimismo, Roux abundó en la represión que sufren los periodistas en México por ejercer su profesión y lamentó que, a pesar de la existencia de una Fiscalía "especializada" federal para atender los delitos contra los periodistas, éstos no reciben "la mínima seguridad y protección" para desempeñar su función.
A juicio de Françoise Escarpit, que formó parte de la delegación que viajó a México a principios de año, "en el centro del problema" de México se encuentran la falta de una Justicia independiente y la impunidad de los funcionarios mexicanos que "continuamente están violando la ley".
El miembro del Secretariado del CCIODH, con sede en Barcelona, Iñaki García, lamentó que de los 23 homicidios documentados en Oaxaca las investigaciones no han permitido, hoy por hoy, imputar a "un solo funcionario público".
"Si no hay ningún funcionario imputado y condenado no tiene sentido confiar en la Justicia", admitió. Asimismo, denunció que "uno de los ejes" de la reforma de la Justicia anunciada por Calderón pase por no reconocer la presunción de inocencia que "no forma parte del sistema" judicial que quiere impulsar.
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