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Dan la razón al fiscal Andrew Thomas
Corte de apelaciones en Arizona falla a favor de ley estatal ‘anti-coyote’
Andrew Thomas
Andrew Thomas, fiscal del condado de Maricopa. (AP)
18/7/2008 | Redacción starMediaImprimirEnviar
La Corte Suprema de Apelaciones de Arizona ratificó que el fiscal del condado Maricopa, Andrew Thomas, tiene el poder de presentar cargos en contra de inmigrantes indocumentados que admitan haber pagado a contrabandistas.

Con una votación unánime, el tribunal falló a favor de la interpretación legal de Thomas y por ende de los casos que se han presentado bajo la ley estatal ‘anti-coyote’, informó esta dependencia en un comunicado de prensa.

La corte mantuvo la sentencia de Juan Barragán Sierra, quien fue sentenciado bajo esta ley estatal y quien argumentó que cuando el Legislativo estatal aprobó esta iniciativa en 2005, nunca tuvo la intención de castigar a los inmigrantes indocumentados, sino solamente a los contrabandistas o "coyotes" que lucran con ellos.

La Corte de Apelaciones indicó que "la ley es clara" y rechazó también el argumento de que la aplicación de las leyes de inmigración es exclusividad del Gobierno Federal. Barragán Sierra interpuso una apelación a pesar de haber aceptado pagar 2.000 dólares a un contrabandista para que lo trajera de forma ilegal a Arizona.

Más de mil inmigrantes detenidos
Desde 2006, los agentes del alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, han arrestado a más de 1.000 inmigrantes indocumentados bajo la ley "anti-coyote".

"No tengo la menor duda que esta decisión unánime y valiente de la Corte de Apelaciones molestará a varios políticos y medios de comunicación, incluso al fiscal general (de Arizona, Terry Goddard) quien criticó mi interpretación de la ley 'anti-coyote'", dijo Thomas en el mismo comunicado.

"La ley es la ley, y continuaremos haciéndola cumplir", sostuvo.Thomas informó que su oficina había presentado con éxito su caso número 750 bajo la ley anti-coyote.

Hasta la fecha la oficina del alguacil y del fiscal del Condado Maricopa son las únicas autoridades en el estado que arrestan y presentan cargos en contra de inmigrantes indocumentados bajo estas regulaciones.



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