La corte mantuvo la sentencia de Juan Barragán Sierra, quien fue sentenciado bajo esta ley estatal y quien argumentó que cuando el Legislativo estatal aprobó esta iniciativa en 2005, nunca tuvo la intención de castigar a los inmigrantes indocumentados, sino solamente a los contrabandistas o "coyotes" que lucran con ellos.
La Corte de Apelaciones indicó que "la ley es clara" y rechazó también el argumento de que la aplicación de las leyes de inmigración es exclusividad del Gobierno Federal. Barragán Sierra interpuso una apelación a pesar de haber aceptado pagar 2.000 dólares a un contrabandista para que lo trajera de forma ilegal a Arizona.
"No tengo la menor duda que esta decisión unánime y valiente de la Corte de Apelaciones molestará a varios políticos y medios de comunicación, incluso al fiscal general (de Arizona, Terry Goddard) quien criticó mi interpretación de la ley 'anti-coyote'", dijo Thomas en el mismo comunicado.
"La ley es la ley, y continuaremos haciéndola cumplir", sostuvo.Thomas informó que su oficina había presentado con éxito su caso número 750 bajo la ley anti-coyote.
Hasta la fecha la oficina del alguacil y del fiscal del Condado Maricopa son las únicas autoridades en el estado que arrestan y presentan cargos en contra de inmigrantes indocumentados bajo estas regulaciones.