En sesión pública los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron que el PT no demostró con la documentación debida ningún promocional de televisión, de los seis mil 543, que en su conjunto se adjudican a los integrantes de la coalición Por el Bien de Todos.
Según el proyecto de sentencia elaborado por el magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar y avalado por unanimidad, en el caso de los anuncios de radio el PT sólo comprobó 96 de los 16 mil 803 que a consideración del IFE no fueron debidamente documentados.
El 28 de febrero pasado el IFE aprobó una sanción de siete millones 824 mil 59 pesos al PT por la propaganda política no reportada. Este miércoles, el órgano jurisdiccional determinó considerar parcialmente fundado el recurso de apelación promovido por el instituto político.
La Sala Superior también ratificó la decisión del Consejo General del IFE de dar vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) del informe anual de ingresos y egresos de 2003 de la Agrupación Política Nacional (APN) Comisión de Organizaciones de Transporte y Organizaciones Ciudadanas.
Lo anterior a fin de que la fiscalía, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), determine la validez legal o no de la documentación aportada por la APN para acreditar los gastos durante ese ejercicio fiscal.
Las multas
En 2004, el Consejo General del IFE determinó imponer una multa a la citada agrupación por las irregularidades detectadas en sus informes anuales; la autoridad administrativa señaló que para justificar sus egresos la APN presentó documentos a los que denominó como "apócrifos".
Se trata de copias fotostáticas, sin ningún sello, en donde la organización había asegurado que solicitó copias de sus estados de cuenta, mismas que no le fueron entregadas, detalló.
Este miércoles, la Sala Superior confirmó la multa a la APN, determinó modificar la resolución del IFE en lo que se refiere a la calificación de "apócrifos" que dio a los documentos que le fueron presentados, y avaló que se diera vista del caso a la PGR.
Lo anterior con el fin de que se deslinden responsabilidades y la dependencia determine si existe un delito de tipo ajeno al penal que perseguir y sancionar.
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